Durante el último tiempo, el Organismo encargado de las compras públicas, con su nuevo modelo de Convenio Marco, se alejó del ahorro en la gestión y más bien profundizo un modelo en los precios, pero las cifras indican otra cosa, será momento de revisar.
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Estimados lectores, esperando que se encuentren bien, como ustedes ya bien saben, el organismo encargado de la compra pública, tiene nueva Directora, además de casi aprobada la nueva ley de compras públicas, que regirá por los próximos años, con nuevos procedimientos de compra, que la nueva ley incorpora, me imagino que de ahora en adelante se generarán muchos cambios en la forma de comprar del estado, por ende es muy importante ir entendiendo cuál será el rol de cada uno de los procedimientos y como afectarán la forma de comercializar con el Estado.
Dicho lo anterior, en particular en los rubros de tecnología, los convenios marco, como procedimiento de compra, ha demostrado durante muchos años, que cuando se perfeccionan de acuerdo a la forma de vender de la industria, y que esto permite a los organismos públicos satisfacer sus necesidades en forma rápida y eficiente, se logra el ahorro en la gestión, como además de mantener actualizado el catálogo de acuerdo a los cambios que se producen en la industria en forma expedita, sin dejar de lado los objetivos de transparencia y competitividad, que este mercado amerita.
Sin embargo, estos últimos años hemos visto como este procedimiento de compra fue cambiando su enfoque, desde la eliminación de algunos de ellos, cómo la forma de adjudicar, dejando en algunos casos pocas fichas de productos o servicios hasta la adjudicación de pocos proveedores.
Este cambio originó que, por ejemplo en estos primeros 7 meses del año, las compras de tecnología se distribuyeran de la siguiente forma: las Licitaciones Públicas representan un 67,41%, Tratos Directos un 26,41%, Compras Ágiles un 1,85%, licitaciones Privadas 1,75%, Compras Coordinadas 1,63% y finalmente los Convenios Marco representan un 0,95%, del total de la compra pública, en la industria.
Al observar la compra de tecnología a través de los convenios marcos, debemos preguntarnos ¿por qué los compradores no los utilizan, y prefieren comprar a través de otros procedimientos de compras?. ¿Será que la herramienta de compra dispuesta para ello, no está de acuerdo con la forma de comprar de los organismos públicos o el diseño de los mismos no acomoda a la industria?.
Planteo las siguientes preguntas, debido a que los números están demostrando que el Estado está gastando más esfuerzo en la gestión al momento de preparar una licitación ( 67,41%). Con el resultado en el ahorro en los precios ¿compensará dicho esfuerzo?, o cuando la compra se realiza a través de un Trato Directo (26,41%), donde el ahorro en los precios no se puede medir, menos preguntarse ¿hubo competencia?, ¿por qué una tecnología y no la otra?.
Todo lo anterior me lleva al segundo nivel del análisis, la compra en tecnología, realmente se debe hacer a través de las Licitaciones o Tratos Directos, sobre todo cuando hoy en día, los temas de ciberseguridad, protección de datos, Inteligencia Artificial, entre otros, los servicios que la industria ofrece se encuentran en la nube y en constante cambio y los organismos públicos necesitan resolver sus problemas, para proporcionar seguridad que la información que el Estado administra, al menos los riesgos los tiene controlados.
Por lo tanto, cuando se utilizan las licitaciones, se debe considerar el tiempo en la preparación de las mismas, el tiempo en la evaluación, el tiempo de adjudicación para luego implementar el producto o servicio, es decir, se corre el riesgo de llegar tarde o no adjudicar la tecnología que podría resolver el problema, porque está obsoleta.
Ahora bien, si empleamos los Tratos Directos, resuelve el problema de la inmediatez, pero lamentablemente no tenemos competencia, por ende, el Estado, para solucionar un problema inmediato, debe pagar el precio que se le cobra, como además queda amarrado con una sola tecnología y no observa que, en el mercado, puede existir otra solución mejor y más económica.
Frente a esta encrucijada, quiero dejar muy en claro que esto no es nuevo, porque fue una de las cosas que en su minuto se analizaron al momento de definir los convenios marco para la compra de tecnología (año 2003), que resolvería lo planteado anteriormente:
- En primer lugar, debían estar adjudicadas todas las tecnologías del mercado.
- Debía existir competencia intra-marca, porque el comprador decide que tecnología utilizará.
- Estandarización de los productos o servicios, para efectos de comparar por genérico.
- Actualización Tecnológica, que permitiera la creación de nuevas fichas durante el convenio, para mantenerlo actualizado con la industria.
- La moneda que se debe utilizar es la que maneja la industria para efectos de evitar las cláusulas de reajustabilidad, que no están acorde a los tiempos de los productos, porque casi todos es importado.
- Había que tener en consideración que, en esta industria, las grandes empresas no participan sino más bien son sus canales, por ende, se evitaba que estas definieran el mercado, de quien participar.
- Finalmente, los criterios de evaluación debían considerar la adjudicación a pequeños, medianos y grandes, para que el catálogo permitiera absorber toda la demanda del Estado en sus diversos niveles.
Este tipo de estrategia permitió, por muchos años, que la compra en tecnología fuera dinámica y un ejemplo para varios países de la región, por lo tanto, espero que las nuevas autoridades consideren el aprendizaje obtenido, para llevar la compra pública en Chile, a la vanguardia con los desarrollos tecnológicos, particularmente considerando que hoy día nos encontramos en una era digital con tremendos desafíos por delante como la Modernización del Estado.
Creado por Carlos Campos Parra, Gerente General de CGCE
