El organismo encargado de la compra pública, por el solo hecho de crear nuevos modelos de compra, el daño colateral que generó fue que los datos ya no son al detalle, sino más bien a nivel general.
Estimados lectores, ya estamos en el mes de febrero 2023, con cambio de veraneantes, los que están saliendo recién a sus merecidas vacaciones y los que ya retornaron a sus labores habituales, es en este sentido que la compra pública, no proporciona respiro y estos meses son los más intensos, desde el punto de vista de la información que se genera en los portales públicos y en esta edición hablaremos de los datos públicos, que ya se encuentran disponibles.
En primer lugar, hablaremos sobre el presupuesto de la nación 2023, que se encuentra publicado en la página de la Dipres, organismo encargado de controlar que los organismos públicos, gasten los fondos que fueron presupuestados en las partidas correspondientes, y además llevar el control de la ejecución presupuestaria.
Como todos los años, las partidas más fáciles de identificar son las del subtítulo 29, en los ítems 6 y 7, que corresponden a “equipos informáticos” y “programas informáticos”, que para este año tienen asignados $26.734.284.000 y $68.626.948.000, respectivamente. Solo a modo de información, los organismos con mayor presupuesto en este subtítulo, son los dependientes del Ministerio de Hacienda, Economía, Educación, Obras Públicas, entre otros.
En segundo lugar, el Plan Anual de Compra, más conocido como PAC, está publicado en la plataforma del organismo encargado de la compra pública. Este organismo es la misma institución que debe disponer de una plataforma para que todas las demás instituciones realicen sus publicaciones.
Es en este sentido, el plazo fatal para publicar fue el 31 de enero del 2023, donde la información que se publica muestra donde se gastarán los presupuestos asignados, además de indicar la fecha y el procedimiento de compras que se utilizará.
En mi opinión, este es el único instrumento que permite visualizar en que se gastarán los fondos asignados al subtítulo 22, debido a que el presupuesto de la nación no lo desglosa, sino más bien lo informa a nivel general.
Para este año 2023, el PAC, muestra claramente que los 763 organismos públicos, al entender que los convenios marcos no permitían la competencia, no tenían todos los productos que el Estado compra. Esto se debe a que había muy pocos proveedores, baja cobertura y el riesgo de desabastecimiento (bloqueo de productos) si un proveedor no podía cumplir. Esto nos da a entender que están prefiriendo realizar licitaciones y se refleja en el alto porcentaje informado 95%, dejándole una representación a los convenios marco de tan solo un 2%.
Es por lo anterior que, lamentablemente, el organismo encargado de la compra pública, con su política de redefinir los procedimientos de compra aplicando una política devastadora sobre los convenios marco desde fines del 2018 a la fecha, hoy ve reflejada una casi desaparición respecto al procedimiento más exitoso que habría tenido Chile, en relación con la compra pública.
Por lo tanto, los organismos públicos, para efectos de palear la eliminación de los convenios marcos y de acuerdo a lo informado para este año 2023 en el PAC, comenzarán a realizar licitaciones que terminarán en un “Contrato de Suministro”. Esto implica que, nuevamente, cada organismo realizará licitaciones de los mismos productos, redundando en que habrá más licitaciones y los costos transaccionales para el Estado chileno serán más altos. Además, los organismos más pequeños no podrán acceder a los precios de los organismos más grandes que licitan cantidades enormes y logran mejores condiciones comerciales, que estaban antiguamente bajo el paraguas del Convenio Marco, en donde todos los organismos se trataban en igualdad de condiciones.
Finalmente, pareciera que estamos retrocediendo más de 17 años de conocimiento y experiencia, cuando se aplican políticas públicas sin mirar lo realizado. Además, la nueva ley de compras públicas, donde existen nuevos procedimientos de compra, es lamentable.
Pasa a ser irrisorio ver, por la TV del Senado, al ejecutivo intentar explicar el porqué de estos nuevos procedimientos de compra cada vez que se le consulta, y no saber defenderlos con ejemplos sólidos o experiencia comparada. Por ende, no quisiera ni imaginar cómo será el reglamento para aplicarlos.