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«Este mes el Ministerio de Hacienda, antes de enviar el proyecto de Ley para modificar la compra pública, realiza una consulta ciudadana «. 

Estimados lectores(as), esperando que se encuentren bien, en lo personal me llama la atención que en las tiendas comerciales, se comienza a vivir el espíritu navideño, lo cual nos lleva a reflexionar lo cerca que estamos de finalizar el año 2020, que ha estado lleno de acontecimientos que han afectado la actividad económica, en cuanto a la forma de realizar negocios, utilizando  internet como el medio principal para ello, y lo vulnerable que estamos, cuando no se toman los resguardos necesarios, para evitar los denominados delitos informáticos, que actualmente están de moda.  

En cuanto a la compra pública, uno de los principales acontecimientos dice relación con que este mes el Ministerio de Hacienda, publicó a partir del martes 13 hasta el 23 del presente mes, una consulta ciudadana, para efectos de validar su futuro proyecto de ley, que modificará la actual ley 19.886 de Compras y Contratación Pública que tuvo su origen en agosto del 2003. 

Esta publicación considera muchos de los puntos que pudimos revisar en el borrador del Estudio de Mercado publicado por la Fiscalía Nacional Económica. ver https://www.consultahacienda.cl/participar/ 

Por ende, esperemos que el Ministerio de Hacienda, sobre esta consulta, publique los resultados, para que la ciudadanía esté informada, sobre el proyecto de ley que enviará al congreso y evaluar la forma sobre la cual afectará el futuro de las compras públicas y ponderar, si realmente este mercado, es atractivo participar de él. 

Adicionalmente, se encuentran en proceso y en distintas etapas, los nuevos Convenios Marco de: 

• Artículos de Escritorio y Papelería 2239-17-LR20 
• Seguros de Vida y Salud 2239-18-LR20 
• Laptop, Desktop, All in One 2239-20-LR20  
• Mobiliario y Sillas 2239-13-LQ20 

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Como ustedes podrán apreciar al revisar en detalle cada uno de ellos, cada convenio marco tiene distintas formas de postular, evaluar y adjudicar, sin embargo, tienen en común que como hemos visto hasta ahora, el nuevo modelo de convenio marco es restrictivo desde el punto de vista de la competencia, entendiendo por esta que establece condiciones que promueven una baja participación de proveedores, tales como: solicitud de boletas de garantia de seriedad, fijacion de precios, ya sea montos tope o en otros casos solicitud de bandas de precios, minimos y máximos, como además la definición de macro zonas, y finalmente adjudican a un grupo, minimo de proveedores que cubran la demanda previamente definida por cada una de las bases de licitación. 

En estas licitaciones de convenio marco, se observa dentro de la etapa de preguntas realizadas a las bases, el reflejo del malestar de los potenciales oferentes, realizando cuestionamientos respecto del procedimiento que se esta realizando, y muy pocas preguntas técnicas relativas a los productos o servicios licitados, reflejando que existe una asimetria entre el mercado, (oferta) y lo que requieren comprar (demanda). 

Finalmente estas modificaciones al modelo de convenio marco están lejos de reflejar el concepto de competencia, sino solo se busca bajos precios, entregar el mercado a pocos proveedores, obligando a los compradores publicos a utilizar otro tipo de procesos, debido que no encontrarán los productos en el catálogo electrónico, dejando esta herramienta de e–procurement, solo para compras agregadas, donde la capacidad de los proveedores desde el punto de vista logistico y de stock deben estar preparados, sino se arriesgan a multas y cobro de boletas de garantía de fiel cumplimiento. 

Como consecuencia de lo anterior, se produce un intento por impulsar la compra ágil, lo cual deja en desventaja a los proveedores de convenio marco, debido que en la primera no se solicita boleta de garantia, stock de productos y una serie de otros antecedentes técnicos que deben cumplir los que si están en convenio marco. 

Por ende, eliminar convenios marco, subir las barreras de entrada, minimizar el mix de productos, entre otras, generará que los organismos publicos, realicen todos sus esfuerzos hacia los contratos de suministro, que también tienen desventajas, porque muchas veces se realizan por 12, 24 hasta 36 meses, donde un proveedor puede asegurar un negocio por varios meses, y ademas fragmentar los pedidos de productos cuando ellos (compradores), estimen conveniente y muchas veces sin clausulas de reajustabilidad. 

Realizo estas observaciones, para que los lectores de este artículo tengan en consideración, cuando planifiquen comercializar al Estado, considerando que existen distintas herramientas de e–procurement, que los compradores pueden utilizar para realizar su gestión de abastecimiento, y no olvidar que independiente que se demuestre el ahorro en precio con las nuevas modificaciones realizadas, el Estado debe atender las necesidades de la ciudadania en forma eficiente y eficaz, y la base para ello es la forma en la cual ello se abastecen. 

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