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Fueron rechazados los recursos de protección de varias inmobiliarias en contra de la Contraloría General de la República, descartando un actuar arbitrario del organismo que declaró ilegales los permisos de edificación.
Tal como ha venido siendo la tónica en los últimos meses, las inmobiliarias que levantan megaproyectos inmobiliarios -también denominados guetos verticales- en Estación Central han sufrido un nuevo revés judicial.
En esta oportunidad, se trata del fallo de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago (ver documentación adjunta), la cual determinó de forma unánime rechazar los recursos de protección presentados por cinco inmobiliarias y una asociación gremial de arquitectos revisores independiente, confirmando la invalidación de los permisos para edificar estas construcciones en la comuna de Estación Central.
La acción judicial buscaba que se desestimara la decisión de la Contraloría General de la República, que había declarado ilegales los permisos de edificación con anterioridad. A su vez, se descartó un «actuar arbitrario» del ente contralor al emitir sus dictámenes.
La decisión se suma a una serie de fallos desfavorables para las inmobiliarias y los megaproyectos de este tipo en la comuna.
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A mediados de agosto de 2019, el Tribunal Constitucional (TC) respaldó el criterio de la Contraloría General de la República de declarar ilegales los permisos de edificación aprobados para construcciones de gran altura en Estación Central, y a fines de ese mes, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Estación Central detuvo las obras de un proyecto de la Inmobiliaria SuKsa por invadir la casa de un vecino del sector, cuya propiedad fue utilizada para ejecutar la construcción y una de las paredes de su vivienda para sostener el edificio.
En septiembre de ese año, la Corte Suprema dictaminó la ilegalidad de cuatro guetos verticales en Estación Central, todos ligados a la Inmobiliaria SuKsa perteneciente a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Pese a una nueva ofensiva desde el mundo inmobiliario -que incluyó la publicitada ‘certeza jurídica’ que pedían para los proyectos inmobiliarios frente a los fallos de la Contraloría tras el Decreto 14 de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que acaparó las portadas de La Tercera y El Mercurio el lunes 30 de septiembre- sus arremetidas legales siguieron siendo infructuosas.
Aunque hay voces disidentes respecto al futuro de estas construcciones, lo cierto es que al tratarse de obras que operaron bajo una política de ‘hechos consumados’ -es decir, que continuaron con sus obras incluso cuando se decretó su ilegalidad- aparece la opción de que estas torres sean demolidas con el fin de sentar un precedente para terminar con estas prácticas, aunque se trata de una posibilidad que todavía no cuenta con financiamiento ni un cronograma definido en el corto plazo.
Fuente: Interferencia – Joaquín Riffo Burdiles
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