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La medida, diseñada para entrar en vigencia para febrero de 2021, fue adelantada a sólo tres meses tras la aprobación del senado. Esta medida prevé impulsar a las pymes, con la obtención de recursos a corto plazo. 

 De forma unánime, el Senado aprobó el proyecto de ley que adelanta la vigencia de la Ley de Pago a 30 días, y que estima beneficiar, especialmente, a las pequeñas y medianas industrias (pymes) del país.   

 “En la ley que existía hasta hoy, los 30 días de pago estaban definidos para febrero de 2021, y lo que hace esta ley es anticipar la entrada en vigencia de la ley de pago a 30 días, a 90 días a partir del día de hoy (27 de noviembre de 2019)”,  indicó el ministro de Economía, Lucas Palacios. 

 Entre otras cosas, el secretario de Estado valoró la participación “transversal” del Senado, tras la aprobación de la cámara de diputados la semana anterior. 

 “Transversalmente hemos sentido el apoyo de todos los sectores políticos, para poder apoyar a la gente más esforzada de nuestro país, que son las que constituyen la pequeña, mediana y micro empresas de nuestro país”, señaló Palacios. 

 El adelanto de esta iniciativa, proviene del estallido social experimentado en los últimos meses, y que ha afectados principalmente a las pymes. Con esto, se estima que la capitalización sea más rápida y efectiva, y que impulse definitivamente la recuperación económica de estos emprendedores.  

 “Es una muy buena noticia porque significa que las pymes van a estar más financiadas“, explicó el ministro. 

 Por parte, el senador José Durana, presidente de la Comisión de Economía, resaltó la importancia de esta promulgación, ante la evidente crisis que vive el país. “Hoy las pymes están en crisis y creemos que con un efectivo pago a 30 días, podríamos contribuir en algo a su reactivación”, comentó. 

 Además, el funcionario complemento que sí “es necesario revisar los temas asociados como la emisión de guías de despacho, los registros de los contratos que celebren las partes y el pago del IVA al crédito”. 

 Dentro de este escenario, cabe recordar que el proyecto proponía una “norma transitoria” que consideraba un periodo de ajuste de veinticuatro meses, contados desde la publicación de la ley. Es decir, promulgada en febrero de 2019, entrará en vigencia para febrero de 2021. 

 Esto serviría para dar gradualidad a la implementación de la obligación, y que las empresas pudieran adaptarse a este nuevo sistema de pago. Sin embargo, con la necesidad latente de financiamiento de las mencionadas pymes, el gobierno nacional estimó y propuso adelantar la entrada en vigencia de esta, una vez transcurridos tres meses desde su publicación, es decir, entre febrero y marzo del próximo año. 

 El objetivo de la Ley a 30 día, nació con la idea de promover una relación más simétrica entre las empresas, en materia de pago, una vez que realizan la venta de sus productos o la prestación de sus servicios a otra. 

 Además, la Ley de Pago a 30 Días establece “plazos certeros”, regula el no cumplimiento de los mismos, garantiza el derecho a la aplicación de intereses por mora y el derecho a indemnización y, por último, califica como “cláusula abusiva” a cualquier acuerdo que vulnere los derechos contenidos en esta normativa.

 

 
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