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A rasgos generales, la normativa establece el procedimiento y la metología para que los titulares de las iniciativas confeccionen los nuevos Informes de Mitigación de Impacto Vial (IMIV), que pasarán a sustituir a los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU).
Así, con la nueva reglamentación, se va a considerar que todos los proyectos públicos y privados deberán moderar sus impactos. Estas mitigaciones serán equivalentes a las externalidades generadas por el proyecto. Se calcularán de acuerdo con métodos objetivos, en base a procedimientos, y plazos predefinidos y estandarizados.
En esa misma línea, la Ley de Aportes al Espacio Público instauró tres tipos de IMIV:
1-El primero dirigido al cumplimiento de normas. Este no necesita modelación de transporte, porque mediante software se midan los flujos vehiculares o no motorizados. Eso sí, sólo aplica a proyectos pequeños.
2-En cambio, si requiere modelación de transporte sin reasignación (generación de nuevos flujos). Este se aplica a proyectos menores y medianos.
3-Finalmente, si el diseño es mayor y requiere modelación de transporte con reasignación. Aplica a los proyectos más grandes.
Conforme a las evaluaciones que se realizaron hace dos años, cuando se desarrollaba la ley, los costos podrían elevarse hasta en un 8%, hecho que repercutiendo en el precio final de una vivienda.
“Eso lo sabemos desde el comienzo, lo planteamos cuando se discutió el proyecto de ley y lo reafirmamos hoy. Esto significa un mayor costo”, sentencia Vicente Domínguez, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) al Diario La Tercera/ PULSO.
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