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Esta columna de opinión tiene su origen en los sucesivos hechos que han estado ocurriendo en el organismo público que está a cargo de las compras, durante mucho tiempo, pero que este año se han profundizado y los mercados ya lo están sintiendo, como también las entidades compradoras.
Al escuchar y observar a algunos proveedores y compradores, se hace tentativo pensar en que existe un aparente desinterés por parte de la entidad a cargo de las compras públicas en el modelo de Convenios Marco ¿Por qué? El listado de Convenios Marco a licitar este 2018, que se encuentra publicado en el sitio de la entidad rectora de las compras públicas, es pobre o casi insignificante ya que durante este año, no se ha realizado ningún llamado de licitación según lo publicado. Prueba de ello, es que ha pasado a ser el único ejemplo de los cambios anunciados al modelo de Convenio Marco. Si llegase a concretarse uno de estos llamados en lo que queda de este 2018, estaríamos pensando, con el mayor de los éxitos, en incorporar nuevos proveedores el segundo semestre de 2019. Cambios en las reglas de negocio, lo que los mercados han considerado como barreras de entrada. Solo tomando el actualizar productos en el catálogo electrónico, nos damos cuenta que estos cambios son burocráticos, poco ágiles, impersonales y sin derecho a réplica, lo que desanima al proveedor que quiere ofrecer productos al Estado a través de esta herramienta de gestión (catálogo electrónico). Otra situación relevante son los nuevos plazos de actualización de productos, que el organismo rector mencionado está aplicando últimamente. Si antes se podían subir productos cada 15 días y sin límite, hoy día llegan al extremo de actualizar cada tres meses. También existe la bajada de productos unilateral. Este tema lo están aplicando sin considerar que muchas veces los productos participan también en procesos de Grandes Compras y se transforma en un dolor de cabeza tanto para el organismo comprador como para el proveedor que se ha adjudicado la Gran Compra. Esto, porque cuando quieren emitir la Orden de Compra, el producto no se encuentra en el catálogo. Y, el trámite burocrático para solicitar el desbloqueo provoca que la entidad compradora deje desierta la Gran Compra y proceda a licitar, generando pérdidas de tiempo al comprador, proveedor y, obviamente, al Estado. Las nuevas licitaciones de Convenio Marco, levantadas en 2017 y que incorporan como cláusula que no se pueden subir nuevos productos a los convenios a través de la plataforma por parte del proveedor (a diferencia de lo que se hace en los convenios que actualmente están vigentes), genera que la entidad rectora de las compras públicas traspase la responsabilidad de la subida de productos nuevos a los compradores, provocando pérdidas de tiempo y bloqueando el dinamismo que este sistema tiene. Espacios de comunicación para la resolución de problemas. Antiguamente, los encargados de administrar los Convenios generaban las instancias de diálogo para resolver la problemática y ahora es nula esta comunicación. Esto provoca que, en los meses de la subida de productos, si a criterio del encargado del convenio o catalogación se comete una falta, se pierde el mes o los meses de la solicitud de subida de productos y se debe esperar para intentar nuevamente, generando perdidas de tiempo y negocios para los proveedores y los compradores no pueden cumplir con sus compras. El último convenio de alimentos establece como regla que no se puede aceptar una orden de compra inferior a 10 UTM. Esto, porque el organismo comprador del Estado está impulsando un nuevo concepto denominado Micro Compra, para que no se diera una competencia interna con los Convenios Marco. La herramienta de gestión denominada catálogo electrónico de Convenio Marco, no estaba preparada para soportar un cambio en el modelo del nuevo convenio de alimentos, porque comenzó a licitar precios con IVA y en el catálogo todos los precios son Netos. Lo anterior, está provocando que las órdenes de compra sean emitidas con un doble impuesto. De esta manera, han dejado a la industria y a los compradores sorprendidos, al ver que no existe comunicación al interior de dicho organismo público. En resumen podemos vislumbrar que mientras se mantengan todos estos escenarios de incertidumbre, más bien se está invitando a que el mundo privado pierda interés de comercializar con el Estado dejando así al mercado público con pocos competidores. Con todo esto, si el organismo de la contratación pública no está claro de qué es lo que quiere respecto del uso de los Convenios Marco, debería transparentarlo al mercado. Siendo una entidad que tiene como génesis la transparencia, está obligado a informar sobre el futuro de esta herramienta de gestión pública premiada a nivel internacional y fundamentar las razones reales por las cuales no la está queriendo utilizar.
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