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Gracias a que estamos en una era tecnológica me dispuse a ver vía Streaming, con bombos y platillos, las presentaciones realizadas en ExpoFemer y un par de semanas después la Cuenta Pública 2017, instancias donde lamentablemente no existió claridad de hacia dónde está dirigida la compra pública. Enfocándonos solo en una de las presentaciones de ExpoFemer y en la Cuenta Pública de la entidad encargada de la compra pública, podemos ver conceptos ya mencionados en años anteriores como mayor transparencia, disminución de la burocracia, mayor ahorro… Para ello la solución está solo en mejorar un software y establecer reglas de negocio donde las entidades puedan realizar su compra según lo establecido por la ley y el reglamento que rigen las compras públicas, pero ¿cuál es el cambio sustancial? ¿Qué implica el nuevo modelo? Parece que se ha caído en un sesgo donde la institución que vela por las compras públicas quiere cambiar su rol de tal manera que no permita a los mercados, y las distintas industrias que lo componen, operar según sus requerimientos que por lo demás no son todos iguales, más bien busca regular a través de otras instituciones, leyes y reglamentos que impiden la naturaleza operacional del mercado, cayendo incluso en el error de compararse con el mundo privado. Los convenios marco son un tipo de licitación que está bajo el alero exclusivo de la entidad en cuestión. Este tipo de compra representa un 30,3% del total de transacciones realizadas en mercado público, las cuales alcanzaron 2,3 millones de órdenes de compra en 2017, según cuenta pública, un porcentaje significativo que ha visto cómo la intervención gracias a este “nuevo rol” ha permitido la burocratización en los procesos de actualización de productos, afectando a quienes basan sus decisiones comerciales en las compras gubernamentales en este tipo de licitación. ¿El Estado está entregando garantías reales para efectos de postular a este tipo de licitaciones? En mi opinión estamos transitando por una línea muy delicada, debido que todas las modificaciones realizadas a los actuales convenios y a los poco y nada de los nuevos, al burocratizar la subida de productos en el corto plazo dejará el maravilloso catálogo de productos de Convenio Marco desactualizado respecto a la realidad del mercado, provocando que los compradores cuando quieran realizar sus compras no encontrarán sus productos y tendrán que realizar llamados de licitación, lo que implica una desventaja desde el punto de vista del ahorro en la Gestión Publica. Esto mismo ocurrió el año 2009, cuando se utilizó el concepto de “Inclusivos” en los catálogos de Convenio Marco, donde bastaba que una o más empresas postularan y se adjudicaran el convenio. La consecuencia fue una mayor carga de trabajo, más “proveedores de papel”, donde solo una vez adjudicados vendían esas empresas, generando tremendas distorsiones dentro del catálogo. La situación anterior se resolvió realizando un estudio financiado por un organismo internacional, donde se concluyó que el catálogo de convenio marco inclusivo no es el mejor camino, por todas las distorsiones que están a la vista. Dicho estudio, además, entregó una serie de recomendaciones que valen la pena referirse en otra oportunidad. Pareciera que la modernización no es más que un ideal, ya que no se profundiza en los efectos que trae para la economía los cambios en la compra pública así como el no analizar con cuidado qué es lo que realmente hace falta. Nos estamos quedando con que el ahorro final siempre es el precio, en vez de ver la combinatoria de criterios como la calidad. Muy pronto solo tendremos productos en el catálogo de convenio marco baratos, que no son los que realmente requiere un organismo comprador. Finalmente es necesario enfatizar que tanto el comprador como el proveedor del Estado deben estar alerta a los cambios en los Convenios Marco, los cuales ya se ven afectados en los pocos meses de 2018 que llevamos transcurridos y si el escenario no cambia, seguirán siendo repercutidos.
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